Gobernanza

Usamos el concepto de gobernanza para referirnos a un sistema interinstitucional y transversal, que tiene mandatos y competencias para la definición de políticas, la toma de decisiones, la gestión institucional, técnica y administrativa, así como para establecer mecanismos de financiamiento compartidos sobre uno o más bienes públicos. Estos bienes públicos comprenden dos o más jurisdicciones territoriales tales como gobiernos regionales, provinciales, distritales y/o están sujetos simultáneamente al mandato sectorial de distintos ministerios y agencias nacionales como el Ministerio del Ambiente (MINAM), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), etc. Ejemplos de estos bienes públicos son las áreas protegidas, los territorios indígenas, las concesiones de uso privadas, los cursos de agua, entre otros. En este caso particular, el bien público que nos ocupa es la cuenca del Inambari.

La cuenca del Inambari, está ubicada en tres regiones (Puno, Cuzco y Madre de Dios) por lo que requiere de un sistema de gobernanza efectivo para su gestión. Para esto, se necesita contar con mandatos y competencias claras de parte de los entes del estado, con la participación de todos los actores necesarios tales como el gobierno nacional a través de las autoridades sectoriales como ANA y MINAM, los gobiernos regionales de Cuzco, Puno y Madre de Dios, seis Municipios provinciales y 24 municipios distritales, actores de la sociedad civil, el sector privado, entre otros. Todos ellos en conjunto, tienen la responsabilidad de enfrentar los desafíos e impactos ambientales y sociales que afectan a la cuenca del Inambari y aquellos que la afectarán en el futuro.

Diseñar e implementar un arreglo institucional de largo plazo, para construir la gestión integrada de la cuenca de Inambari, requiere de un proceso vinculado de descentralización y transferencia de mandatos, competencias y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Al mismo tiempo, se requiere de la desconcentración y articulación transectorial efectiva de las agencias sectoriales con mandatos y competencias sobre la cuenca o sobre sus componentes ambientales, sociales, culturales y económicos. Si bien las políticas y normas referidas al sistema nacional de gestión de recursos hídricos (SNGRHH) y al sistema de gestión ambiental (SNGA) incorporan principios y mandatos para la descentralización y desconcentración de la gestión de cuencas con incorporación de gobiernos regionales, locales, usuarios y sociedad civil, hasta el momento no existen sistemas interinstitucionales, tales como consejos de cuencas, en la Amazonía Andina.

Experiencias en diversos países evaluadas por entidades como el Banco Mundial, muestran que las iniciativas de descentralización para la gestión a escala de cuenca tienen resultados consistentes y de largo plazo, cuando son asumidas por los gobiernos regionales y locales. Estas iniciativas se dan en un marco de consensos y arreglos institucionales entre la sociedad civil y las agencias gubernamentales correspondientes. Bajo el criterio de subsidiaridad, estos arreglos y consensos ayudan a reducir los costos transaccionales y evitan duplicar esfuerzos, fortaleciendo las capacidades locales y aportando a la prevención y solución de conflictos en el territorio.

Otro aspecto que es necesario definir, es el del nivel de autonomía en la gestión de un esquema de financiamiento sostenible y manejo de recursos financieros a escala de cuenca. Las transferencias de mandatos y competencias deben realizarse en concordancia con la asignación de los recursos financieros y económicos suficientes para garantizar la gestión de la cuenca en el largo plazo, con compromisos de aportes tanto por transferencias del gobierno nacional, como por aportes financieros de los gobiernos regionales y locales participantes. Asimismo, deben incorporarse recursos financieros provenientes de los pagos por cánones, regalías, tarifas, programas de mitigación y compensación por la explotación y usos de los recursos en la cuenca.