Políticas, normas y competencias

El proceso actual de descentralización se inicia con el Acuerdo Nacional y con la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización (2002). Con este marco de consenso nacional y de políticas se establece el proceso de descentralización, que regula la estructura y organización del estado en los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos a transferir. Además define las normas que regulan la descentralización, a través de la transferencia de mandatos, funciones y competencias. Las competencias en materia de gestión del agua se han mantenido en esencia centralizadas en la Autoridad Nacional de Agua (ANA),  tanto en lo que se refiere a políticas, como a regulaciones y gestión a través de la Ley de Recursos Hídricos. Esta ley propone en realidad un proceso de desconcentración, como lo señala su principio N°7, Art. 3 “…la conducción del sistema nacional de gestión de recursos hídricos es responsabilidad de una única autoridad desconcentrada.” Los gobierno subnacionales y los usuarios del agua, por lo tanto, participan en la planificación de los recursos hídricos, mas no en la gestión de los mismos. Sin embargo, por la complejidad de las cuencas andino amazónicas, la ley reconoce una situación especial para la gestión del agua en la Amazonía. Se plantea que la gestión del agua en la Amazonía tiene como objetivos proteger, preservar y recuperar las fuentes de agua (cochas, manantiales, humedales y ríos). Contiene además, metas de sostenibilidad de la biodiversidad, protección de ecosistemas acuáticos y abre opciones de participación más amplia a comunidades nativas, a través de comités de subcuencas, lo que posibilita la participación de otros actores, como gobiernos municipales, provinciales y locales, en función de la particularidad de cada cuenca.

De modo similar en el caso de la fiscalización ambiental, debido en parte a su reciente creación y por la necesidad de establecer un sistema neutral en el marco del sistema de evaluación ambiental, se tiene una entidad centralizada. Tanto la ANA como la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tienen sus instancias desconcentradas en las cuencas representados por las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y Autoridades Locales del Agua (ALA), mientras que la OEFA está desconcentrada en la sede de cada región. Sin embargo existe un área de superposición sustancial de mandatos y competencias entre lo que establece la ley de agua y lo que establecen la ley orgánica de descentralización,  la ley orgánica de los gobiernos regionales, y la ley del medio ambiente, en particular en lo que refiere a las competencias exclusivas y compartidas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales.

Las competencias regionales exclusivas más específicas sobre la cuenca son por ejemplo:

  • Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
  • Promover el uso sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad.
  • Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.
  • Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.
  • Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes
  • Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes
  • Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios
  • Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

A estas competencia exclusivas se suman las funciones específicas de los gobiernos regionales, entre las que destacan: participar en  la gestión sostenible del recursos hídrico en el marco de las entidades de cuenca y políticas de ANA,  ordenamiento territorial y ZEE,  el sistema de gestión regional  ambiental, áreas de conservación regional y el desarrollo de las estrategias  regionales en diversidad biológica y cambio climático.

Analizando las competencias y funciones, resulta evidente que para la gestión de la cuenca hidrográfica existe un conjunto de entidades públicas sectoriales y entidades territoriales con mandatos y competencias que concurren y se sobreponen ante la  integración en la cuenca de las aguas, ecosistemas, biodiversidad y territorio. Esto se debe al carácter transectorial y descentralizado de la gestión de las cuencas, que no es otra cosa que la consideración de la normativa ambiental que no limita la protección de bienes públicos ambientales a una sola entidad, sector o nivel del estado. Según la Política Nacional Ambiental, “la actuación de las autoridades públicas con competencias ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados”.

La Ley Bases de la Descentralización establece un marco general de las competencias de todos los niveles de gobierno (local, regional y nacional). Dichas competencias pueden ser delegadas entre los diferentes niveles de gobierno por medio de convenios, sin perjuicio de la titularidad de la competencia. Esto nos permite suponer que para la institucionalidad de la gestión integral de la cuenca, las entidades de alcance territorial como las Mancomunidades Municipales y/o Regionales, podrían suscribir convenios con las agencias pertinentes del gobierno nacional para acordar la transferencia de competencias, capacidades y recursos necesarios para la gestión de la cuenca en el territorio, bajo el principio de que las entidades presentes en la zona pueden implementar estas competencias más eficientemente y generando capital social en el territorio, aplicando el principio de subsidiariedad.