Introducción

Existen diferentes definiciones locales, científicas y jurídicas acerca del término humedales  (“wetlands” en inglés; “áreas húmidas”, en portugués), y aunque es un término bastante utilizado, su definición todavía es muy ambigua, especialmente en lo que respecta a las definiciones legales. La definición de humedales dada por la Convención RAMSAR corresponde, en la mayoría de los casos, con los humedales encontrados en la cuenca amazónica:

las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.” (RAMSAR, 1971)

A diferencia de RAMSAR, la definición de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) excluye a los ríos y las quebradas, y en su mayoría incluyen a los pantanos, marismas, turberas y áreas similares. Asimismo, en otros casos se da mucho mayor énfasis a las comunidades de plantas como un indicador de humedales, definición sugerida por el reconocido ecólogo acuático Paul A. Keddy en su publicación Ecología de los Humedales: Fundamentos y Conservación.

Un humedal es un ecosistema que se genera a partir de zonas donde el exceso de agua y las inundaciones desencadenan procesos de descomposición anaeróbica en los suelos y fuerzan a la biota, particularmente a las plantas enraizadas, a desarrollar adaptaciones que toleran los períodos de inundación.(Keddy, 2000)

Los humedales podemos definirlos como sistemas intermedios entre ambientes inundados de manera permanente o estacional, usualmente albergan una enorme biodiversidad a consecuencia de su origen, localización geográfica, régimen acuático y químico, vegetación dominante y características del suelo o sedimentos. Los humedales son esenciales para las poblaciones humanas, y dentro de sus principales beneficios están el almacenamiento y purificación del agua, soporte a la agricultura, producción pesquera, turismo y recreación, y hábitat para muchos recursos de flora y fauna silvestre. El agua es el elemento base en los humedales, y la clasificación de las aguas por lo general está determinada a partir del tipo de uso: agua para hidroeléctricas, irrigación, uso doméstico (agua potable), agricultura, navegación y aguas industriales. Cada tipo de uso está bajo una política y estándares de calidad de agua específico.

Los países amazónicos están comenzando a desarrollar una clasificación de los humedales, lo cual va a ayudar de manera directa en la planificación y políticas de conservación de importantes áreas acuáticas. Y aunque todos estos países cuentan con instituciones conocidas como agencias o autoridades para el manejo del agua, el enfoque principal es siempre sobre el uso.

Autoridad Nacional del Agua

En Perú la Autoridad Nacional del Agua – ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es un organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y tiene como fin administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. Dicho esto, en la práctica, tradicionalmente en los países amazónicos las autoridades para el manejo del agua han tenido como enfoque principal el uso.

Naturaleza y protección legal de los humedales

La definición de humedales utilizada en el Perú es la recogida de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en adelante, Convención de Ramsar)[1], según la cual se consideran humedales:

“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

La Convención de Ramsar, principal tratado internacional en materia de humedales, tiene como objetivo la conservación de humedales de importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. Da prioridad a aquellos humedales que sean hábitat de aves acuáticas y de los que estas dependan ecológicamente.  En tal sentido, cada país parte debe incluir al menos un humedal en la lista de humedales de importancia internacional. Asimismo, deben fomentar su conservación y la de las aves acuáticas, creando reservas naturales en aquéllos, estén o no incluidos en la Lista (artículo 4).

Si bien esta norma recoge una serie de disposiciones para la protección de humedales, debe tenerse en cuenta que solo aplica a aquellos que son considerados como “de importancia internacional”. Por ello, la Convención de Ramsar por sí sola no constituye un marco legal de protección suficiente para los humedales en el Perú, se requiere de normas nacionales que entre otras cosas establezcan una definición más específica para la identificación de los humedales en el país, y los criterios para definir cuáles de ellos deben ser priorizados en las estrategias de conservación.

Este marco legal nacional para protección de humedales es aún muy incipiente, no existiendo en la legislación específica sobre humedales. La alusión más clara al respecto en una norma con rango de ley se encuentra recogida en la Ley General del Ambiente – Ley 28611[2], en cuyo artículo 99 se recoge la figura de los ecosistemas frágiles, entre los que se encuentran los humedales, estableciendo la obligación de adoptar medidas especiales para su protección y la priorización de su conservación frente a otros usos, en los siguientes términos:

“Artículo 99º.- De los ecosistemas frágiles.

99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.

99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos.

99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos.(El subrayado es nuestro).

Por otra parte, la Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica – Ley 26839[3], señala que el Estado debe promover mecanismos de conservación in situ, no solo a través de la declaración de Áreas Naturales Protegidas, sino también mediante el manejo regulado de otros ecosistemas naturales (entre los que se encuentran los humedales), para garantizar su conservación y de las especies y genes en su lugar de origen, y promover su utilización sostenible. Asimismo, declara prioritaria y de interés nacional la investigación científica sobre “conservación y manejo sostenible de los ecosistemas, en particular de los bosques, las tierras frágiles, tierras áridas y semiáridas y los humedales”.

La obligación de proteger los humedales también se encuentra recogida en la Ley de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338, cuando en su artículo 75 establece la obligación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de  velar por la protección del agua, lo que incluye la conservación y protección de sus fuentes, de los ecosistemas y los bienes naturales asociados a este. Para ello, la referida norma faculta al ANA para “declarar zonas de veda y zonas de protección del agua para proteger o restaurar el ecosistema y para preservar fuentes y cuerpos de agua, así como los bienes asociados al agua”[4].

Por otro lado, esta norma da un tratamiento especial a las aguas amazónicas, por considerarlas bienes de uso público vertebradores de la biodiversidad, fauna, flora y vida humana en la Amazonía. Así, establece como objetivo principal de la planificación para la gestión del agua en la Amazonía proteger, preservar y recuperar las fuentes de agua (cochas, manantiales, humedales y ríos) y de sus bienes asociados (islas, barrizales y restingas). Asimismo, otorga un papel importante a las comunidades nativas amazónicas quienes pueden organizarse en comités de sub-cuencas para entre otras cosas, encargarse de  la protección de “las cochas, humedales y restingas de selva”.[5]

Respecto a la cuenca del Inambari, cabe destacar la Ordenanza Regional 012-2008-GRMDD/CR,  aprobada por el Consejo Regional de Madre de Dios en junio de 2008, que declara de interés regional “la conservación de los humedales, lagos y cochas ubicados en el departamento de Madre de Dios” y encarga a la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente la elaboración del “Plan Estratégico para la Conservación de Humedales, Lagos y Cochas”,  y del inventario detallado de dichos recursos. A la fecha no se cuenta con dichos instrumentos.

[1] El referido tratado fue aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa 25353, ostentando rango de ley en su ordenamiento jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 inciso 4 de la Constitución Política del Perú.

[2]Publicada el 15 de octubre 2005.

[3] Publicada el 16 de julio de 1997.

[4]Ley N° 29338, artículo 78.

[5]Ley N° 29338, artículos 114 y 118.